INAPLICAN PRECEDENTE VINCULANTE HUATUCO HUATUCO POR CONSIDERARLO INCOMPATIBLE CON LA PROTECCIÓN QUE BRINDA LA LEY Nº 24041

Hace algunos días compartimos con ustedes un artículo sobre las malas prácticas que se vienen generando en torno a la aplicación del Precedente Vinculante Huatuco Huatuco a casos no regulados en el mismo, ahora compartimos con ustedes una sentencia emitida por el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Piura, en la cual realizando una debida fundamentación señalan que el referido precedente no se aplica a los servidores que se acojan a la protección que brinda la Ley Nº 24041, esperamos  que pronto los diversos juzgados y salas puedan unificar criterios, de modo que se evite afectar el principio de predictibilidad.

De otra parte debemos señalar que consideramos muy acertada la decisión de este juzgado, por cuanto es incorrecto pretender la aplicación del Precedente Vincuante Huatuco Huatuco a las personas que demanden su reposición al amparo de la Ley Nº 24041, ello en virtud que esta ley señala que ningún servidor que labore por más de un año inimterrumpido podrá ser cesado sin previo proceso administrativo disciplinario, recordemos que esta ley sigue plenamente vigente e implícitamente reconocería una inclusión al régimen del D.Leg. Nº 276, lo cual suele confundirse como si esto significaría el reconocimiento de la condición de servidor de carrera, toda vez que e como se sabe el presupuesto para ello será que previamente deberá ingresar por concurso público.

La gran pregunta sería y bastará con invocar la Ley Nº 24041, para obtener tutela resitutoria, esto es readmisión en el empleo, la respuesta será, ello no es tan sencillo implicará considerar que regímenes laborales existen en la entidad, si en la entidad existiese servidores sujeto al régimen laboral regulado por el D.Leg. Nº 276, entonces cabría la posibilidad de pretender la readmisión en el empleo acogiéndose de la Ley Nº 24041; sin embargo, si unica y exclusivamente mantuviere personal sujeto al D.Leg. Nº 728, no cabría tal posibilidad, ello en virtud a que la única forma de tutela frente a un despido serían las reguladas en el D.Leg. Nº 728.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

Tercer Juzgado Transitorio Laboral de Piura

EXPEDIENTE       : 00216-2013-0-2001-JR-LA-01

MATERIA             : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

ESPECIALISTA     : VALDIVIEZO SAMILLAN VERONICA VANESSA

DEMANDADO       : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA,

  PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL DE PIURA. 

DEMANDANTE     : FLORES VILLALTA ANGEL MARIA

Sumilla: En el presente caso se ha determinado que las labores que desempeñadas por la demandante eran ininterrumpidas por más de un año y de carácter permanente en la demandada, por cuanto, le es de protección lo dispuesto mediante Ley N° 24041, esto es, de no ser cesado ni destituido salvo las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley; precepto que ha sido omitido por la demandada.

Resolución N° SIETE (07)

Piura, 21 de julio del 2015.

En los seguidos por ANGEL MARIA FLORES VILLALTA contra el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, la Señora Juez del Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura, ha expedido la siguiente:

SENTENCIA

I.             ANTECEDENTES.

1.           El demandante mediante escrito de folios 550 a 589 interpone demanda Contenciosa Administrativa contra el Gobierno Regional de Piura solicitando de la nulidad del Oficio N° 1344-2012/GRP-480000 de fecha 26 de octubre del 2012 que declara improcedente su recurso de apelación interpuesto contra la Carta N° 132-2012/GRP-480300 la misma que da por concluidas sus labores sus labores administrativas, solicitando además del pago de indemnización por daño causado.

2.           Mediante resolución N° 01 de fecha 08 de marzo del 2013 de folios 590 se admite a trámite la demanda Contencioso Administrativa, vía del proceso especial, y se corre traslado a la parte demandada.

II.- PRETENSIONES Y ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE.

1.           El demandante señala que, su pedido de reposición al trabajo esta dirigido a hacer prevalecer su derecho a la permanencia que le otorga el artículo 1° de la Ley N° 24041 por haber antes de que se le impusiera su contrato CAS, estando prestando servicios de naturaleza permanente bajo la modalidad de servicios no personales, por más de cuatro años ininterrumpidos, periodo independiente del CAS  y cuyos contratos fueron desnaturalizados para aparentar una relación contractual de naturaleza civil que en la practica no se dio.

2.           Sostiene haber ingresado a laborar al Gobierno Regional de Piura desde junio del 2004, luego, abruptamente sustituidos con el Contrato Administrativo de Servicios a partir del 01 de julio del 2008 hasta el 15 de mayo del 2012, continuando laborando como locador de servicios desde el 16 de mayo hasta el 29 de agosto del 2012, todo ello como Encargado de Archivo de la Oficina Dirección de Obras.

3.           Precisa que la entidad demandada no ha expresado la causa relacionada con su conducta o capacidad laboral que justifique la decisión de despido y ha dado por concluida su relación laboral en forma unilateral y sin haber tomado en consideración que se encuentra protegido por el artículo 1° de la Ley N° 24041, tampoco se ha tenido en cuenta que, atendiendo al carácter de irrenunciabilidad de derechos labores que preconiza el artículo 26° de la Constitución resulta relevante destacar la continuidad en labores administrativas realizadas por el demandante independientemente de la modalidad de contratación.

4.           Aduce que, en su caso no ha cometido falta de carácter disciplinaria alguna y menos que revista gravedad que justifique su separación del servicio y aún cuando hubiese cometido falta grave de carácter disciplinario, tampoco se le ha instaurado procedimiento para ejercer su derecho constitucional a la defensa ya que su despido resulta ser arbitrario.

5.           Finalmente, en cuanto a lo peticionado Indemnización por el Daño Causado, por ocasionar daño a la persona, daño moral, lucro secante

III.- POSICIONES Y ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA.

1.           La Procuradora Pública del Gobierno Regional de Piura, con escrito de folios 620 a 627 aduciendo que, la demandante falta a la verdad al sostener que ha sido despedido de manera arbitraria, cuando conoce que su cese obedeció al termino de su contrato CAS vigente hasta mayo del 2012; asimismo, sostiene el haber laborado inicialmente bajo la modalidad de servicios no personales y posteriormente mediante Contrato Administrativos de Servicios habiendo concluido su vinculo bajo esta modalidad, laborando tres meses y medio a través de locación de servicios.

2.           Por otro lado, en cuanto al extremo que el cambio de modalidad contractual no fue por coacción sino por mandato legal, la demandada sostiene que, no existe ninguna evidencia de haberse producido algún despido, pues, ello ha respondido a la extinción del vínculo laboral por vencimiento de contrato.

3.           Finaliza argumentando que, si bien el demandante ha laborado entre el 16 de mayo al 31 de agosto del 2012  esto ha sido bajo la modalidad de locación de servicios y dicho periodo no supera el año de servicios ininterrumpidos, por tanto, también se encuentra fuera dentro de los alcances de la ley N° 24041; además, en cuanto a la pretensión de indemnización, la misma carece de asidero legal ya que, conforme habría expuesto el Tribunal Constitucional: no procede el pago de remuneraciones devengadas por días no laborados, de igual forma, no se ha llegado a acreditar los supuestos daños de tipo material o moral.

IV.     PUNTOS CONTROVERTIDOS.

1.           Determinar si procede declarar la nulidad del Oficio N° 1344-2012/GRP-480000 que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Carta N° 132-2013 /GRP-440300 que declara improcedente su recurso de apelación interpuesto contra el Memorando N° 1025-2012.

2.           Determinar si procede reincorporar al demandante en mérito a lo dispuesto en el art.1 de la Ley 24041.

V.      CUESTIONES PROBATORIAS.

1.            Del demandante.

1.1.   Documentales de folios 03 a 548.

2.            De la demandada.

2.1.      Documentales de folios 596 a 619.

2.2.      Dos expedientes administrativos que se adjuntan a la presente causa.

VI.- DICTAMEN FISCAL.

La Fiscalía Provincial de Prevención de Delito, emite dictamen fiscal obrante en folios 639 a  642 opinando que la demanda sea declarada infundada.

VII.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.

1.       El Estado garantiza a toda persona sea natural o jurídica, el derecho a ejercer la tutela jurisdiccional efectiva en defensa de sus derechos, la misma que debe ejercitarse con sujeción a un debido proceso de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del Artículo 139º de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, éste último de aplicación supletoria a estos autos.

2.       El proceso Contencioso - Administrativo es el instrumento a través del cual, los particulares o administrados, ejerciendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, persiguen que el órgano jurisdiccional, no solo pueda revisar la legalidad del acto administrativo, sino que además junto con la declaratoria de validez o invalidez del mismo, el demandante pueda formular una pretensión que aspire conseguir los derechos subjetivos que, según pueda alegar, le han sido vulnerados.

ASUNTO:

3.       De lo actuado, se tiene que el actor peticiona nulidad del Oficio N° 1344-2012/GRP-480000 que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Carta N° 132-2013 /GRP-440300 que declara improcedente su recurso de apelación interpuesto contra el Memorando N° 1025-2012, por haber cumplido más de un año ininterrumpido en una misma labor; ante esta instancia si la resolución administrativa impugnada se encuentra incursa en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo general.

DE LA MATERIA CONTROVERTIDA:

4.       En ese sentido y estando a lo expuesto se debe tener en claro que la Ley Nº 24041, establece en su artículo 1 que: “Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley”. Así como el numeral 2 del artículo 2, señala que: “No están comprendido en los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar: Labores en proyectos de inversión, proyectos especiales en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada”.

5.       En consecuencia, el artículo 1° de la Ley en comento, determina dos requisitos para su aplicación, esto es: i) que la parte trabajadora haya realizado labores de naturaleza permanente y, ii) que dichas labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido, antes de la fecha del cese de labores. Así mismo, resulta necesario enfatizar que la citada norma legal no tiene como objetivo incorporar a los servidores públicos a la carrera administrativa, sino únicamente a protegerlo contra el despido arbitrario que pudiera sufrir, dada la acreditación de haber realizado labores de naturaleza permanente y por espacio mayor a un año ininterrumpido de servicios, por lo que, sólo puede ser cesado o destituido previo proceso administrativo. Por su parte, el artículo 2° numeral 2) de la Ley Nº 24041, contiene la exclusión de aquellos que no están comprendidos en los beneficios de esta ley; esto es, no se encontrarían comprendidos los servidores públicos contratados para desempeñar labores en proyectos de inversión, proyectos especiales en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada; lo que quiere decir que esta norma contiene una condición de temporalidad, de lo contrario no opera la exclusión.

6.       Ahora bien, el artículo 62° de la Constitución Política del Perú, establece que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del contrato y que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, dicha disposición necesariamente debe interpretarse en concordancia con su artículo 2° inciso 14) de la citada carta Magna que reconoce el derecho a la contratación con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, por consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución Política del Perú que, acorde con lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso no sólo por limites explícitos sino también implícitos. Limites explícitos a la contratación, con la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos.

7.       Dicho esto, si el contrato de trabajo se transforma en un mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite garantizarlos del modo más adecuado, no cabe la menor duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma fundamental se vería vulnerado, a lo que se suma el hecho de facilitar que derechos se consideran constitucionalmente adquiridos e irrenunciables, puedan verse vaciados de contenido. En general, el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado principio de causalidad[1] en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen, en tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de aquella que pueda tener una duración determinada ya que por su propia naturaleza proceden únicamente cuando su objeto constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar; como resultado de este carácter excepcional la ley establece formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso sanciones con el fin además de evitar la simulación o el fraude

8.       Por otro lado, se tiene que el artículo 38° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276, establece que las entidades de la Administración Pública sólo pueden contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental. Dicha contratación se efectuará para el desempeño de: a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) Labores en proyectos de inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su duración; o, c) Labores de reemplazo de personal permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determinada. Esta forma de contratación no requiere necesariamente de concurso y la relación contractual concluye al término del mismo. Así mismo, según el artículo 39° del citado reglamento, la contratación de un servidor para labores de naturaleza permanente será excepcional; procederá sólo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada por la autoridad competente. El contrato y sus posteriores renovaciones no podrán exceder de tres años consecutivos.

9.       La Ley N° 24041, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al resolver el Expediente N° 1084-2004-AA/TC PUNO, mediante sentencia de fecha veintisiete de agosto del año dos mil cuatro, en el caso de doña Rosalia Nelly Pérez Vásquez, quien había sido cesada por terminación de contrato a pesar de tener más de tres años de labores con algunos breves periodos de interrupción en sus servicios no mayores de treinta (30) días, consideró que las breves interrupciones para impedir que surta efecto la Ley N° 24041 constituyen interrupciones tendenciosas que atentan contra el artículo 26° de la Constitución Política del Estado, habiendo concedido amparo a dicha demandante y ordenando su reposición[2].

10.    Es menester analizar  - en primer orden - si durante el periodo que la demandante fue contratada bajo el régimen el régimen del locación de servicios, esto es, del junio del 2004 (periodo en el cual el demandante refiere ingresa a laborar para el Gobierno Regional de Piura) al 31 de junio del 2008, a fin de verificar si se presentan los tres elementos del contrato de trabajo, esto es, prestación personal, remuneración y subordinación, mientras el accionante ejercía la labor de “Encargado de Archivo de la Oficina de Dirección de Obras”.

11.    Por lo que de lo expuesto y a fin poder dilucidar la controversia, se debe determinar el tipo que relación hubo entre la emplazada y el demandante, esto es si existió una relación laboral de “trabajador - subordinado”, o por el contrario una relación civil de “locador independiente y no subordinado”, para ello resulta necesario determinar si en la relación mantenida se han presentado los elementos esenciales de un contrato de trabajo, como son la prestación personal del servicio, el pago de una remuneración y el elemento de la subordinación. En tal sentido se tiene que: i) de folios 12 mediante memorándum N° 0181-2005/GRP-440310 de fecha 09 de mayo del 2005, el Director de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura le encarga al demandante el Archivo de las diferentes Obras de esta Dirección; ii) de folios 219 a 270 obran diversos informes remitidos por el demandante en su calidad de Encargado de Archivo Técnico de Obras al Director de Obras sobre sus labores realizadas durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2007, enero a diciembre 2006 y de los meses de setiembre, octubre, diciembre 2005; y que las mismas son: a) Ordenamiento de Archivos de la Dirección de Obras, b) Actualización permanente de la documentación alcanzada a la Dirección de Obras, c) Compaginación de la documentación para su archivo correspondiente, d) Foliado de los documentos que se remiten al Archivo Central, e) Seleccionar los archivos conteniendo documentación de obras liquidadas para su remisión al Archivo Central; entre otros; así como también que, de manera personalísima ha dado atención a tales funciones, no evidenciándose la delegación a tercero para la atención de actividades anteriormente referidas. Por otro lado, la retribución económica del demandante por los servicios prestados se verifica de las boletas de pago de folios 391 a 404 que por los meses de enero a octubre del 2006, mayo a noviembre 2005, ha percibido una contraprestación de carácter pecuniaria (cabe precisar que, si bien obran pagos por los meses de enero a abril 2005 y por periodos 2004 girados a favor del demandante, también lo es que de lo actuado no se ha llegado a constatar que durante dichos periodos también halla ejercido el cargo de Encargado de Archivo de la Oficina de la Dirección de Obras), evidenciándose – incluso – que si bien se estableció dentro de las mismas el cargo de Oficial, con los diversos informes se constata que dicho cargo no ha sido ejercido, con lo que demuestra que la demandada pretende evadir responsabilidades de carácter laboral. Finalmente, del elemento de subordinación se verifica a folios 213, 218 el demandante se dirige al Director de Obras requiriendo de la adquisición de material de Oficina e Insumos para el desarrollo de sus labores como Encargado del Archivo Técnico de Obras; además, conforme obra de folios 216 da cuenta al Director de Obras la conformidad de servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinaría; asimismo, de folios 221 el demandante entrega cuadernos de Obra al Director de Obras en cumplimiento de una orden; por otro lado, de los contratos obrantes de folios de folios 374 a 387 suscritos por los periodos enero a abril, mayo, junio 2008; marzo, abril a junio octubre a diciembre 2007 se advierte que se han establecido obligaciones por las cuales el demandante estuvo sujeto a su estricto cumplimiento, además, de tener conocimiento que, estará bajo supervisión de sus actividades; por lo que advirtiéndose la concurrencia de los elementos esenciales del contrato se verifica que en la realidad entre el demandante y la demandada ha existido un vínculo laboral y no un vínculo de naturaleza civil.

12.    Con lo cual, habiéndose determinado que las naturaleza de las labores por las cuales fue contratado el demandante han sido de naturaleza permanente dentro de la demandada, no correspondía que a partir de julio del 2008 (tal como consta de los contratos de folios 271 a 371) su contratación se realice bajo las normas del Régimen Laboral CAS, siendo este régimen de carácter temporal y a plazo determinado[3], más aún cuando el régimen laboral especial del CAS reconoce menores derechos laborales. Lo contrario, esto es, aplicar el Decreto Legislativo N° 1057 sería contrario al principio de progresividad de los derechos laborales recogido en tratados internacionales de derechos humanos[4] y en nuestra propia Constitución Política[5].

13.    Sobre el principio de progresividad de los derechos laborales la doctrina especializada (véase, Omar Toledo Toribio, «El Principio de progresividad y no regresividad en el Derecho Laboral», publicado en la página(www.derechoycambiosocial.com/.../progresividad_y_regresividad_laboral.pdf), afirma: “Igualmente siguiendo a Barbagelata «Un complemento del principio de progresividad es la irreversibilidad, o sea, la imposibilidad de que se reduzca la protección ya acordada, lo cual está reconocido para todos los derechos humanos en el PIDCP y en el PIDESC (art. 4 de ambos)… Este principio vendría, ser, además, una consecuencia del criterio de conservación o no derogación del régimen más favorable para el trabajador, el cual puede reputarse un principio o regla general en el ámbito del derecho del trabajo, desde que ha sido consagrado en el inciso 8° del art. 19 de la Constitución de la OIT, y aceptado universalmente (…) De esta forma constituiría afectación de este principio la expedición de alguna medida legislativa tendiente a retrotraer o menoscabar un derecho ya reconocido o desmejorar una situación jurídica favorable al trabajador pues se estaría afectando derechos fundamentales (…)»”(subrayado nuestro).

14.    Cabe precisar que, habiéndose determinado la existencia de una relación de naturaleza laboral por el periodo 09 de mayo del 2005 hasta el 30 de junio del 2008, la posterior contratación CAS hasta el mes de agosto del 2012 (conforme obran de folios 113 a 116) por el demandante también obtiene la misma naturaleza. Cabe precisar que, si bien se ha constatado que del inicio de sus labores ejerció la labor de “Encargado de Archivo de la Oficina de Dirección de Obras”, conforme consta de folios 179, 180 y 14,  en el mes de noviembre 2008 fue rotado a la Oficina de trámite documentario, retomando a sus labores habituales por las cuales en un comienzo fue contratado en el mes de febrero del 2009 de forma constante conforme obra de folios 181 y de lo actuado anteriormente.

15.    Ahora bien, habiéndose concluido que el demandante ha laborado ininterrumpidamente por más de un año, corresponde determinar si las labores desarrolladas han tenido el carácter de permanente, a fin de analizar si corresponde aplicar al caso del demandante lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 24041; de los actuados se tiene también que el accionante ha venido laborando en la Dirección de Obras, la misma que pertenece a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA[6] y que conforme al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Piura[7], dicha dirección es un Órgano de Línea que pertenece a la Dirección General de Construcción y está encargada de dirigir el proceso técnico y administrativo del Programa Anual de Inversión y su ejecución conforme a las normas vigentes; por ende se tiene que dichas labores son de carácter permanente; por lo que siendo así, la Juzgadora considera que al no encontrarse, el demandante, en los supuestos de excepción previstos en el artículo 2 de la Ley N° 24041, sino en el supuesto previsto en el artículo 1 de la referida norma que establece “Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley.”, por lo que no correspondía que la demandada cese el vínculo laboral mantenido con el actor sin que medie causas disciplinarias y se haya seguido el procedimiento establecido en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276; por lo que no advirtiéndose causal justificante para el ocacionamiento del cese del demandante, corresponde amparar la demanda al haber incurrido en nulidada el Oficio N° 1344-2012 que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Carta N° 132-2013 que declara improcedente su recurso de apelación interpuesto contra memorando N° 1025-2012, prevista en el artículo 10° inciso 1 de la Ley N° 27444, por contravenir a la Constitución, a las leyes y normas reglamentarias.

16.    Por lo que resulta adecuado optimizar el derecho al trabajo, pues tiene protección constitucional, consecuentemente, se debe disponer la reposición del demandante en las mismas funciones que ostentaba al momento del cese o en otro similar, así mismo corresponde al recurrente el derecho de continuar siendo contratado bajo la misma modalidad en que venía trabajando por encontrarse comprendido en el ámbito de protección establecido por la Ley N° 24041, lo que no implica de ninguna manera que sea considerado como trabajador de la carrera administrativa, ni otorgársele el cargo permanente alguno, es decir la protección otorgada al actor, simplemente se refiere a que no puede ser cesada ni destituida, sino sólo por causas previstas en el Capitulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en el.

17.    Por otro lado es preciso aclarar que de ninguna manera se puede determinar que el demandante sea un trabajador permanente de la carrera administrativa; pues el derecho vulnerado, sólo garantiza la estabilidad laboral, en su puesto de trabajo u otro similar; pues de considerarlo como tal, resultaría un imposible jurídico, ya que el ingreso a la carrera administrativa como trabajador permanente debe existir evaluación favorable y plaza vacante debidamente presupuestada[8].

18.    Además, cabe precisar que, si bien el Tribunal Constitucional mediante Expediente N° 05057-2013-PA/TC (precedente de carácter vinculante) estableció la importancia de la meritocrácia para el ingreso a la administración pública, estableciéndose que ésta constituye un criterio objetivo fundamental en el ingreso y permanencia en la actividad estatal para la prestación de un servicio público, estableciendo en su fundamento 18 que: “(..) el Tribunal Constitucional estima que en los casos que se acredite la desnaturalización de contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse su reposición a plazo indeterminado, toda vez que (..) en el ámbito de la Administración Pública existe la realización de un concurso público de mérito respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada (..)”; cabe puntualizar que, el mismo no resulta ser aplicable al caso en concreto dado cuenta que: i) los alcances del mencionado precedente y su aclaratoria comprometen solo al Personal Sujeto al Régimen de la Actividad Privada (Decreto Legislativo N° 728) y Servicios No Personales; no incluyendo aquel personal que se encuentren bajo los preceptos del Decreto Legislativo N° 276; en ese sentido, si bien en el presente caso se constató la contratación del demandante bajo Locación de Servicios, en aplicación al Principio de Primacía de la Realidad, el vínculo mantenido entre el demandante con el Gobierno Regional de Piura resulta ser propio del Derecho del Empleo Público; ii) La mencionada Ley N° 24041 no otorga estabilidad laboral ni siquiera el ingreso del demandante a la administración pública; sino, únicamente el derecho de continuar siendo contratado bajo la misma modalidad en que venía trabajando en dicha plaza, hasta que la Administración Pública disponga de su publicación y convocatoria a Concurso Público de Méritos; iii) Finalmente, dicho precedente fue dictado para su aplicación en cuanto a dilucidación de controversia en vía constitucional; mientras que, frente a actos que infringen el derecho de Protección del Trabajador frente a un despido materializado mediante la mencionada Ley N° 24041 dicha actuación será tramitado de acuerdo a lo dispuesto mediante el artículo 4° de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo –: “Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades administrativas .6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública”.  

19.    Y en cuanto, a la pretensión de pago de indemnización por Daño Causado cabe precisando la forma de haberse producido la misma, el actor no ha fundamentado el mismo con prueba objetiva que determine la magnitud del supuesto daño, además, de no evidenciar relación y fundamentación con las documentales ofrecidas de folios 536 a 548; por lo que siendo así corresponde desestimarse su pretensión en este extremo.

20.    Finalmente, siendo el presente proceso uno contencioso administrativo no corresponde condenar a alguno de los justiciables al pago de costas y costos, conforme lo prescrito por el artículo 50 del T.U.O de la Ley N° 27584.

VI.- DECISIÓN:

1.- Declarando FUNDADA en parte  la demanda CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA interpuesta por ANGEL MARIA FLORES VILLALTA contra el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

2.- NULA y sin efecto legal alguno el Oficio N° 1344-2012 que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Carta N° 132-2013 que declara improcedente su recurso de apelación interpuesto contra memorando N° 1025-2012.

3.- ORDENO que la entidad demandada en el plazo de CINCO DIAS de consentida ó ejecutoriada que sea la presente, REPONGA al demandante, en sus labores habituales que venía desempeñando, o en otro de igual nivel o categoría, con la misma remuneración que venía percibiendo y que ostentaba al momento de su cese.

5.- Sin costas ni costos.

6.- Notifíquese y consentida o ejecutoriada que sea la presente, Cúmplase y archívese con arreglo a ley.

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[1] El principio de causalidad se impone en el Derecho del trabajo como aquel que, sobre la base de una causa objetiva, legítima y legal, permite el establecimiento de una situación jurídica distinta a la que se venía dando (la movilidad geográfica funcional del trabajador, el despido, etc.) o justificar la adopción de medidas excepcionales frente a las reglas generales (la celebración de contratos temporales). La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha ocupado de este principio de forma muy superficial, y básicamente lo ha hecho para resolver aquellos casos en donde se alega la desnaturalización de contratos modales por ser fraudulentos en la medida de que no existe una causa objetiva real.

[2] Sexto Considerando de Casación N° 005807-2009-JUNIN.

[3]           En tal sentido, se debe tener en cuenta que el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057 señala que la duración de los contratos administrativo de servicios es a plazo determinado y renovable. Este dispositivo, en una interpretación conforme a la Constitución Política, nos lleva a concluir que las labores reguladas por el CAS son aquellas de naturaleza temporal o accidental. En realidad, no se puede llegar a otra conclusión por cuanto las labores prestadas al sector público que tienen carácter permanente se encuentran reguladas en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 276. Este dispositivo regula las actividades de carácter permanente prestadas al Estado por servidores que aún no ingresan a la carrera pública, por lo que se concluye que son las actividades de carácter temporal del sector público los que se encuentra bajo los alcances del CAS.

[4]           El artículo 2.1. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece: “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”, mientras que el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

[5]           Las normas citadas en la cita anterior son aplicables al ordenamiento peruano toda vez que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución establece: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”.

[6] http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/organigrama_sede.pdf

[7] http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/mof_sede_uo_3_2007.pdf

[8] Decreto Legislativo 276, Artículo 12, literal d) y artículo 39 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°005-90-PCM.